Por Enedino Hernández/Zunoticia
Huejutla, Hgo. – Es indispensable que los ciudadanos mexicanos participemos en la Consulta Popular prevista para el 1 de agosto, con la cual se espera poder enjuiciar a los Expresidentes de México, señala el profesor Nahúm Ortega Camargo.
Primeramente, se cuestiona sobre la importancia de realizar la Consulta al Pueblo, destacando que podría no ser indispensable en el lugar donde la norma y la ética se respetan sin condiciones, y donde sin replica se asumen las consecuencias, en México.
Detalla que los corruptos y el grupo de defensores de los arbitrarios del poder, se oponen calculadamente a la consulta ciudadana, para considerar elementos de los derechos humanos e impugnar más tarde los juicios a ex gobernantes y las sentencias que muy probablemente resultarán en su contra.
Afirma que todo juicio para que sea justo, debe poseer dos premisas elementales, que sea formalmente legal y que sea éticamente legítimo, la formalidad en la legalidad la da la norma escrita, la etnicidad de la legitimidad corresponde a la participación de los ofendidos quienes deben querellarse de manera directa o a través de sus representantes.
Si el pueblo agraviado no participa, el hecho será aprovechado por los enjuiciados, quienes argumentarán ser víctimas de la venganza del Presidente mexicano en turno, con este argumento bien podrían solicitar asilo y protección en el extranjero, para evadir la aplicación de la justicia, declarándose perseguidos políticos o sujetos de una venganza.
Cerrar los caminos para la fuga de la justicia de los Presidentes y los cómplices apátridas de México, es determinante.
Ortega Camargo, expone que la convocatoria al pueblo no es un llamado partidista, la invitación, es a todos los mexicanos, ya que el saqueo de la patria a todos nos causó agravio, la consulta es de alcances muy grandes, no solo es para cuestionar nuestro pasado, sino también a nuestro presente y nuestro futuro.
Subraya que todos los mandatarios de todos los tiempos a partir de esta consulta pueden ser sujetos posibles de llamar a juicio.
De todos los partidos, de todas las clases sociales y de todas las religiones poseemos la obligación y el derecho de llamar a cuentas a quienes nos causaron daños irreparables, por primera ocasión se consulta la opinión del pueblo, una circunstancia que no debemos despreciar.
Insiste que la Ley quedará completa cuando un grupo por pequeño que sea, tenga objetivamente la facultad legal de llevar a juicio a un gobernante de cualquier nivel, ya que los agravios que no se castigan más tarde se repiten.
Concluye citando que, si queremos una patria de conducta ejemplar, los despreciables gobernantes y sus encubridores deben ser llamados a cuentas, un ejemplo y conminación histórica para quienes sientan inspiración por ser gobernantes en el futuro.
