Por Enedino Hernández/Zunoticia
Huejutla, Hgo. – “Las instituciones de interés público, tienen una razón de existencia, la sociedad requiere de ideales inspiradas por la propia sociedad, precisa de valores éticos y culturales universales, de costumbres de la cultura para conducir la vida colectiva, el objetivo determinante es la armonía social con la diversidad de percepciones y proyectos surgidos de la comunidad, en su existencia, necesita de orden en sus valores e ideologías, y demanda de estricto respeto al cumplimiento, a cada institución se le asigna una determinada función, sea pública, privada, económica, política o social; por lo que en términos generales hoy en día se puede señalar que una reforma normativa del Instituto Nacional Electoral (INE) es inevitable”, expone el profesor Nahúm Ortega Camargo.
Dijo que, las generaciones humanas se renuevan, las ideas se modifican, en consecuencia, las normas deben ser coincidentes con la dinámica de la vida social, “nada es para siempre, todo cambia en el universo, las instituciones no son la excepción, Darwin nos deja la enseñanza que la especie que prevalece no el más fuerte, sino la mejor adaptable”.
Dijo, “una institución es un organismo social, que al igual que un organismo biológico requiere de vida sana, necesita de revitalizarse para adquirir salud y fortaleza, una circunstancia que debe ser prevista, ya que todo modelo por definición es modificable, su vigencia está sujeta a la dinámica social, los cambios en la corporación pueden ser obligados, y el perfeccionamiento es el resultado de los talentos que miran más allá de su tiempo.
Si las ideas y propósitos fueron rebasados por el tiempo, es obligatorio modificarlos para que sean útiles a la nueva realidad, si quienes fallan son los responsables de su cuidado, lo correcto es dar las gracias para que sean reemplazados por elementos competentes, semejante a la revocación del mandato, quien no cumpla sus compromisos sociales, debe ser sustituido”.
En este caso, el Intitulo Nacional Electoral (INE), se constituyó como Instituto Federal Electoral (IFE) el 11 de octubre de 1990, el propósito era asegurar con certeza y transparencia la legalidad en los procesos electorales, al igual que sus filiales del nivel estatal (IEE), son instituciones de orden público, se otorgó a ellos constitucionalmente el carácter de autonomía, para garantía que ningún poder constitucional, pudiese influir en favor de nadie, en ellos se confía la regulación de los procesos electorales de participación ciudadana, normando las conductas a la que los contendientes deban sujetarse, bajo una administración imparcial, se consideró que bajo estos principios el Instituto, sería el pilar fundamental para fortalecer el desarrollo de la vida democrática en México, garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos a todo ciudadano.
Detalló que cualquier aberración probada de los administradores en la actualidad no se supera de manera sencilla, “un hecho que debe ser revisado para su modificación constitucional, la mala interpretación de la norma, puede conducir a la comisión de abusos, circunstancia que corrompe o enferma al Instituto Público, sin caprichos ni prejuicios; la evidencia del incumplimiento de imparcialidad, debe comprometer al poder legislativo a implantar el orden, ya que la autonomía debe poseer límites previamente contemplados, ninguna autonomía es libertad sin límite, para que haga posible el desorden y la impunidad, en todo desorden evidente se obliga a corregir sus causas generadoras.
Subrayó que, por los hechos que se han vivido recientemente en donde la imparcialidad en el trato igualitario no se ve reflejado, tal como se determinó con los protagonistas políticos de Guerrero y Michoacán, en Hidalgo no se aplicó el mismo criterio, una conducta delicada que daña la esperanza por una democracia de calidad.
“No es un secreto el señalamiento que hago, el Instituto Político Nacional ha enfermado, por lo que una terapia correctiva es determinante, la existencia de la institución es insoslayable para cuidar los procesos electorales, pero permitir la permanencia incondicional de sus administradores, resulta un terrible error que atenta contra la equidad en los procesos cuando hacen presencia las conductas parciales, razón por la que la mayoría ciudadana en la palestra en la que convivo, opinamos”.
Concluyó que una reforma normativa del Instituto Nacional Electoral es inevitable, “cada diputado federal, debe por obligación constitucional, consultar en su distrito el sentir de sus representados, para amalgamar los conceptos de democracia representativa con la democracia participativa del pueblo mexicano, las actitudes honestas, conducen en consecuencia a que, en los procesos, en los sufragios, florezca la integridad con justicia”.
