• Hemos hablado mucho de la vinculación del proceso de los alcaldes detenidos, hemos conocido pormenores de una investigación de cinco meses, al menos a los que fueron sometidos los ediles, el apegarse a la Ley de Oportunidad para que regresen dinero, y algunos han caído en el “Garlito” incluso entregando algunos recursos creídos que les “irá mejor” lo que en verdad pasa es que se han ido metiendo a un lodazal.

• Primero porque la Ley de Anticipación tiene sus propios esquemas que define las formas del delito, y recordemos que de dictaminar un juez la culpabilidad en el daño patrimonial en perjuicio del pueblo, existen otros delitos que también sancionan. Veamos que no solo es la cuestión penal, también está la observancia en sanciones sobre la función pública, tenemos lo referente del juicio político, son dos temas que debieran tener a la parte acusada preocupados.

• Y veamos las diferencias entre cuando se trata de un tema de interés o línea política electoral, y lo legal en casos concretos de afectación al daño patrimonial del pueblo.

• En el Congreso de la Unión un caso que lleva el tinte político electoral es el indefendible tema de Alejando “Alito” Moreno, buscan desaforarlo para aplicar juicio político por enriquecimiento ilícito; este ejemplo no es ajeno a lo que viven los alcaldes vinculados a proceso, señalados e indiciados, y ¿Por qué aquí que ya hay un procedimiento legal ningún diputado habla de juicio político a los alcaldes?

• Tampoco de lo que dice la ley en cuanto a sancionar el ejercicio de la función pública que es otro referente legal.

• Ese vacío legal y silencio ha creado la idea en algunos ciudadanos de la posibilidad de que pudiera haber “acuerdo político” en algún momento del proceso legal, cuya suspicacia ha generado una burbuja de observancia.

Lo anterior porque históricamente la justicia, los sistemas anticorrupción y los órganos internos anticorrupción han sido una aduana de negocios ilícitos en el que se privilegiaba a algunos y se sancionaba a otros.

• Recordemos que en el pasado hubo casos como el que un alcalde en estado etílico amenazó con arma de fuego a un menor de edad y a una familia completa cuya denuncia fue obstaculizada y en otros casos hasta expedientes desaparecidos; ciudadanos intimidados para hacerlos retractar o negociar para retirar denuncias.

• Detrás de esto mismo en los Ayuntamientos de Huautla y Yahualica, los grupos de poder económico y constructores de la región mueven sus piezas para buscar crear ingobernabilidad y que les pongan los alcaldes que necesitan para que les regresen el control de la obra pública, al final eso es lo que les preocupa, el pueblo es lo de menos.

Por eso un ex militar que ha mantenido una inercia al mando de quien le paga, ha hecho lo propio con algunas comunidades engañadas y pretende le instalen el alcalde que sus patrones piden.

• En Yahualica los regidores, confundidos quizá, o por aprovechar la oportunidad, quieren brincarse la ley y también impulsan a la regidora del ex PESH impulsada por el ex alcalde Toco para que les gobierne su interés, todos estos escenarios fincados en que son amigos del actual gobernador a quienes dicen apoyaron y “les debe el favor”; vaya pita en la que se enredan.