Por Redacción/Zunoticia
Pachuca, Hgo.- Timoteo López Pérez, diputado local de Morena, sometió a la consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 123 de la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es generar una mayor protección a las víctimas del delito al momento de que este se encuentre ante órganos jurisdiccionales y/o el Ministerio Público.
Indicó, en la exposición de motivos, que el 25 de abril del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma a la Ley General de Víctimas, que en su artículo séptimo destaca otorgar a la víctima un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional al momento de encontrarse en las diligencias pertinentes consecuencias del hecho ilícito.
Lo anterior -dijo- en virtud de que la víctima de un delito violento es un ser humano que sufre un malestar emocional a causa del daño intencionado provocado por otro ser humano. En esta definición, añadió, hay dos componentes: el hecho violento en sí (agresión sexual, violencia contra la pareja, acoso, acto terrorista, tortura, entre otros) y el daño psicológico sufrido por la víctima, que se experimenta de forma inmediata (lesión psíquica) o que puede incluso tener secuelas emocionales.
Explicó que los sucesos traumáticos generan terror e indefensión, ponen en peligro la integridad física o psicológica de una persona y dejan a la víctima con una sensación de soledad y en una situación emocional que frecuentemente es incapaz de afrontar con sus recursos psicológicos habituales.
Subrayó que las reacciones de las víctimas pueden ser variables, ya que el trauma sufrido suele producir humillación, desvalimiento y una quiebra de la sensación de seguridad y de la confianza en los seres humanos (más aún cuando el agresor pertenece al círculo de la víctima), así como una interferencia negativa en la vida cotidiana, en la capacidad de amar y en la capacidad de trabajar.
Por ello, dijo que la presente iniciativa busca que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, de verificar que la víctima u ofendidos que no se encuentran en condiciones para rendir su declaración, le reconozcan su derecho a tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional.
