Por Ángel Silverio/Redacción
San Felipe Orizatlán, Hgo.– El conflicto en torno a la construcción del Mercado municipal dejó de ser un simple desacuerdo entre comerciantes para convertirse en una problemática social de largo arrastre, marcada por señalamientos de fraudes, presuntos cobros irregulares y una abierta disputa por el control del espacio.
Santiago Guardado Sánchez, representante y presidente legal de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, acusó que un grupo minoritario ha mantenido una estrategia permanente de desacreditación contra la mayoría de los comerciantes, con el objetivo, aseguró, de frenar el proyecto del nuevo mercado, preservar intereses económicos particulares y señaló que estas acciones han generado desinformación y una narrativa pública que responsabiliza injustamente al gremio comercial.
El dirigente sostuvo que el rechazo al proyecto no responde a preocupaciones legítimas, sino a la negativa de ciertos líderes a abandonar el lugar actual que ocupan, aun cuando las condiciones ya no permiten continuar operando, -“Se busca obstaculizar una obra necesaria para el municipio, no por el bien común, sino por beneficios personales”, afirmó.
Guardado Sánchez también criticó el impacto que este conflicto ha tenido en la opinión pública, particularmente en redes sociales, donde los comerciantes han sido señalados como responsables de los hechos violentos y los retrasos en la obra, -“De este trabajo vivimos, sin embargo, por la actuación de unos cuantos, la sociedad nos está juzgando como los villanos”, expresó.
En relación con el predio destinado al mercado, el líder comercial recordó que fue donado originalmente por el municipio a la unión que representa, subrayando que, cualquier intento de lucrar con dicho terreno resultaría incongruente y éticamente cuestionable; reveló que durante los recientes acontecimientos el propio presidente municipal exhibió a un “pseudo líder”, al señalar que presuntamente algunos dirigentes habrían exigido hasta 300 mil pesos a la empresa constructora.
Sobre las escrituras que otros grupos aseguran poseer, Guardado Sánchez fue enfático al afirmar que carecen de validez legal y explicó que, la unión a su cargo donó formalmente el predio al municipio para permitir la inversión de recursos públicos, lo que derivó en un juicio federal mediante el cual se invalidaron dichas escrituras, – “El terreno dejó de pertenecernos precisamente para garantizar la continuidad de la obra”, puntualizó.
Finalmente, afirmó que, la mayoría de los comerciantes respalda el proyecto original del Mercado municipal y advirtió que la prolongación del conflicto solo profundiza el desgaste social, retrasa el desarrollo del municipio y mantiene a los comerciantes en una confrontación que beneficia únicamente a quienes han hecho del conflicto un negocio.
