Por Enedino Hernández Alonso / Zunoticia
Huejutla, Hgo.- “Los constantes bloqueos de carreteras en la región de la huasteca, realizados bajo el argumento de los llamados “Usos y costumbres”, representan una situación irregular que ha sido reiteradamente criticada, ya que vulneran la ley, afectan los derechos de terceras personas”, señala Juan Fernández Rojas, vicepresidente de la Asociación de Abogados de la Huasteca Hidalguense.
Subraya que, estas acciones no solo se encuentran fuera del marco legal, sino que además generan una mala imagen para la región, perjudicando a visitantes y a habitantes quienes necesitan trasladarse por motivos de salud, trámites urgentes o compromisos personales.
Subraya que, con estas acciones “se obstruye el paso a personas que tienen enfermos, asuntos urgentes o actividades que atender en la ciudad de Huejutla, lo que provoca molestias y afectaciones graves”.
Juan Fernández Rojas, enfatiza que, el bloqueo de carreteras constituye un delito de carácter federal, por lo que considera fundamental reforzar la labor preventiva y de orientación jurídica en las comunidades.
En este sentido, destaca la importancia de la reciente apertura de la oficina de la Defensoría Pública Federal en Huejutla, la cual puede servir como un espacio para brindar pláticas informativas a autoridades comunitarias y ejidales sobre los delitos federales en los que no deben incurrir.
Asimismo, considera necesario que los funcionarios de los tres niveles de gobierno enfoquen sus esfuerzos en campañas de prevención, con el objetivo de erradicar estas prácticas que, además de quebrantar la ley, generan un clima de inconformidad social.
El vicepresidente de la Asociación de Abogados de la Huasteca reiteró que los bloqueos afectan de manera directa los derechos humanos de terceros, particularmente el derecho al libre tránsito, ya que muchas personas se ven imposibilitadas de cumplir con compromisos crediticios, atender emergencias médicas o realizar trámites urgentes.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para fortalecer la cultura del diálogo, la negociación, la concertación con las comunidades, a fin de que los conflictos se resuelvan mediante el entendimiento, no a través de acciones que contravienen la ley, y afectan a la sociedad en general.
