• Persisten los actos arbitrarios en contra de trabajadores reinstalados.
Por Karen Rivera/Zunoticia
Huautla, Hgo. – El asesor jurídico de los trabajadores reinstalados en el Ayuntamiento de Huautla, Jorge Luis Henkel Butanda, advirtió sobre un posible desvío de recursos públicos y la persistencia de actos arbitrarios en contra de sus representados, derivado del incumplimiento de un laudo laboral emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo.
El abogado explicó que el conflicto se origina en el juicio laboral 20-2017, iniciado en 2017, cuya sentencia ordenó la reinstalación de los trabajadores desde el 28 de febrero de 2024. Pese a que el Ayuntamiento interpuso diversos recursos legales con el objetivo de dilatar el cumplimiento, el laudo quedó firme a finales de 2024 y, tras solicitar su ejecución, los trabajadores fueron reinstalados en diciembre de 2024.
Sin embargo, Henkel Butanda señaló que, a partir de su reinstalación, los empleados han sido objeto de hostigamiento y abusos de autoridad, al considerarlos “ajenos” a la actual administración municipal.
Detalló que la reducción de la plantilla y la duplicidad de funciones derivaron en presiones constantes, por lo que se interpuso una denuncia penal contra el presidente municipal, Jorge Alberto Hernández Cortes, y otros servidores públicos.
Dicha denuncia se encuentra radicada en la mesa Diversos I de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. No obstante, el litigante acusó que, inicialmente, las autoridades ministeriales no otorgaron medidas cautelares, lo que motivó la promoción de un amparo indirecto. Posteriormente, un Juzgado de Distrito resolvió a favor de los trabajadores y ordenó emitir órdenes de protección en su beneficio.
Asimismo, informó que se abrió una nueva carpeta de investigación en contra del alcalde por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, al no acatar una sentencia federal que lo obliga a cubrir el laudo laboral, además de posibles delitos cometidos por servidores públicos y contra la dignidad de las personas, previstos en el Código Penal del Estado.
En cuanto al adeudo, Henkel Butanda precisó que este supera los 15 millones de pesos, correspondientes a salarios y prestaciones acumuladas desde octubre de 2024.
A la fecha, indicó, el Ayuntamiento únicamente ha realizado dos pagos, por un total de 2 millones de pesos, efectuados en febrero y julio de 2025, por lo que el monto pendiente asciende a 13 millones de pesos.
El asesor jurídico también señaló que, de acuerdo con un escrito presentado el 10 de enero de 2025 por el abogado del Ayuntamiento, bajo protesta de decir verdad, en el presupuesto de egresos 2025 se autorizaron 6 millones de pesos para el pago del laudo, no obstante, al haberse ejercido solo 2 millones, advirtió que 4 millones de pesos no fueron aplicados conforme a lo aprobado, lo que podría constituir otro ilícito, ya sea por subejercicio o por destinarse a rubros distintos.
Henkel Butanda rechazó que la falta de obra pública en el municipio sea responsabilidad de los trabajadores reinstalados y acusó al alcalde de utilizar temas comunitarios y contingencias meteorológicas como justificación para no cumplir con sus obligaciones laborales, pese a que, aseguró, no existen evidencias del destino de recursos a las comunidades afectadas.
Finalmente, informó que continúan los procedimientos legales, incluido un nuevo amparo que obliga al presidente municipal a cumplir con el laudo, y adelantó que se solicitará información vía Transparencia para conocer el destino real de los recursos presupuestados.
También denunció que, en el ejercicio fiscal 2025, los trabajadores recibieron un aguinaldo incompleto, pese a que en el presupuesto de egresos estaban contempladas cantidades mayores.
