Huejutla, Hgo.- La Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Aplicación de la Unidad de Médica de Actualización (UMA) afecta seriamente en su momento a las pensiones de los jubilados y a su vez a los activos, señala el profesor Celso Hernández Bautista.
Detalla que en estos últimos días han circulado en las redes sociales algunos comentarios que revelan preocupaciones de parte de los jubilados y activos, sobre la resolución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fijar el monto de las pensiones por medio de la UMA como unidad de medida para el tope salarial, menor al de salarios mínimos.
Por ello, señala que el asunto no es nuevo, data ya de unos años atrás, y sin que las autoridades sindicales hayan hecho algo para revertir esta resolución, “parecen más preocupados por conformar planillas políticas en sus partidos políticos para participar en la próxima contienda electoral, que para defender los intereses de los trabajadores agremiados al SNTE”.
Sin embargo, Celso Hernández Bautista expone que en los comentarios que se tienen de sus compañeros, especialmente de aquellos con preferencias políticas de la derecha, del PRIAN, parecen culpar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de esta Resolución de los Jueces de la Suprema Corte.
“Olvidan que los organismos autónomos como el INE, la SCJN, la CNDH, etc., cuentan con la autonomía para resolver sus casos; ni el Presidente puede intervenir en sus resoluciones, como estaban acostumbrados en sexenios anteriores; si no me creen, vean el caso del INE que quiere limitar sus funciones informativas sobre el avance de sus actividades y programas”.
Seguidamente se cuestiona “¿Cómo puede el Presidente intervenir en esta Resolución perjudicial para los trabajadores?. Nuestro representante legal ante las autoridades es el SNTE y si el SNTE no mete mano en la defensa de los intereses de sus compañeros trabajadores, difícilmente puede meter mano nuestro Presidente; son preocupaciones generales pero aisladas e individuales al mismo tiempo; a ellos estamos obligados a exigirles su intervención si queremos avanzar en este problema”.
Finalmente, subraya que la otra opción sería conformar un gran movimiento nacional con las bases magisteriales, pero para eso implica tiempo, esfuerzos y dinero “formar una comisión nacional para acudir a las instancias correspondientes como las Cámaras legislativas, la CNDH, a los mismos jueces, etc…”.
Por Enedino Hernández A.
