Por Redacción/Zunoticia

Pachuca, Hgo.- A efecto de que no tengan costo para los ciudadanos la corrección de errores en la emisión y certificación de actas del Registro del Estado Familiar, derivadas de actos administrativos, el diputado local de Morena Fortunato González Islas planteó una iniciativa que reforma el artículo 476 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, así como el inciso B, párrafo segundo del artículo 98 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.

En su exposición de motivos en el marco de la sesión ordinaria número 38 de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, González Islas indicó que una de las problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos al realizar un trámite administrativo o al encontrarse en un asunto legal, es la necesidad de llevar a cabo la corrección y/o certificación de alguna de las actas emitidas por el Registro del Estado Familiar.

Dijo que no solo se trata de actas de nacimiento, sino de actas relativas a reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o la de haber perdido la capacidad legal para administrar bienes, es decir a documentos imprescindibles para ejercer derechos y obligaciones ciudadanas.

Añadió que cuando el acta con la que cuenta el ciudadano contiene errores o no coincide con el libro o los registros electrónicos, se debe realizar el trámite de aclaración y correlación de datos para la corrección, debiéndose acudir desde su municipio a la Dirección del Registro del Estado Familiar, ubicada en Pachuca, con los documentos que demuestren que hay un error en su acta o registro de la misma, lo que genera un gasto y la pérdida de un día hábil.

Señaló que una vez que se logra que el error sea reconocido y corregido, el ciudadano debe pagar por la expedición o en su caso la certificación de la nueva acta, es decir el ciudadano debe pagar por un error cometido por la administración pública municipal o estatal.

Por ello, dijo que la presente iniciativa, busca que se asuma plenamente la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Registro del Estado Familiar, por lo que no debe el ciudadano pagar los costos de errores cometidos por servidores públicos.

Subrayó que en un escenario económico difícil, generado por la pandemia, los legisladores debemos ser solidarios y quitar cargas económicas al ciudadano, más aun considerando que el acto administrativo, objeto de esta iniciativa, es originado por un servidor público y no por el solicitante.