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El día de ayer, San Luis Potosí registró el número más bajo tanto de casos nuevos de COVID-19 así como de muertes, de acuerdo al reporte del Comité Estatal para la Seguridad en Salud con cero casos en la ciudad y solo dos al interior de la huasteca.

A pesar de ello, la autoridad sanitaria en la entidad no ha cesado de exhortar a la ciudadanía a no bajar la guardia sino a seguir manteniendo las medidas preventivas y a no confiarse ya que la baja en los contagios confirmados no significa que la enfermedad se haya ido sino que existe el riesgo de un repunte de casos que dé lugar a la tercera oleada.

Ayer, la delegada en la huasteca norte de los Programas Integrales de Desarrollo, la profesora Teresa Pérez Granado, informó que podría ser la próxima semana cuando por fin se vaya a aplicar la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años.

Sin embargo, la funcionario dijo que hasta el momento no hay una fecha definida para ello a pesar de que ya transcurrieron los 20 días posteriores a la primera aplicación.

A pocos días de cumplirse la primera semana de arranque de las campañas electorales, los candidatos a los diversos cargos de elección han tenido que dejar atrás los mítines y abocarse a los recorridos casa por casa en las colonias.

Los aspirantes, se han visto obligados a ir casa por casa con cubrebocas y evitando lo mayor posible cualquier contacto físico con los ciudadanos bajo esta nueva modalidad de hacer campañas.

El ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín, experto en temas laborales, reveló hace unos días que ha habido cambios en el marco legal en los últimos meses, que pueden causar se finquen responsabilidades hacia funcionarios públicos que se les compruebe hayan corrido a trabajadores sin una justificación de por medio.

El tema salió a relucir luego de la ola de despidos que durante las últimas dos semanas se han venido dando y que se atribuyen presuntamente a una persecución política.

De acuerdo al litigante, si quienes están siendo dados de baja o bien los que ya lo fueron, a causa de la pandemia, si demandan por despido injustificado y comprueban que así fue, el Oficial Mayor, así como el Municipio, deberán de responder al laudo con su patrimonio para pagar los salarios caídos y demás prestaciones que se haya dejado de entregar el tiempo del pleito.

Lo grave, es que el actual Oficial Mayor Roberto Carlos Espinoza y la titular de Recursos Humanos, Aimé Gudiño, han dado de baja a los funcionarios de primer nivel solo de palabra sin expedirles documento alguno.

Por cierto, el Oficial Mayor, tuvo que salir corriendo el día de ayer del privado de Presidencia a su oficina, ya que evadió las entrevistas con medios bajo la excusa de que él no da información sino solo el área de comunicación social.

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