Por Ismael González/ Zunoticia
Ciudad Valles, S.L.P.- A nueve meses de que el menor José Apolinar, un niño de casi 3 años de edad fuera atropellado por su tío Artemio Rojas Flores en la comunidad de San José Pequetzén, perteneciente a Tancanhuitz, hasta el momento no se ha hecho justicia, aseguró la mamá del infante, Vanessa Ayala Rojas.
A casi un año de los hechos, la afligida madre expuso que, desde el día del accidente, la Fiscalía General del Estado nunca detuvo a su tío ni a la unidad de transporte que conducía, alegando la autoridad que no podía hacerlo porque no había flagrancia.
Vanessa Ayala consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tampoco ha hecho su parte, ya que la unidad responsable, una tipo VAN con ruta San José Pequetzén-Tancanhuitz, siguió operando de manera normal, a pesar que la dependencia le retiró el permiso para circular.
A lo anterior se suma que su tío Artemio Rojas opera otra unidad de transporte, pero lo hace de manera irregular, aunque alega que no presta el servicio, sino el traslado de unos niños a un plantel.
El hecho de tránsito ocurrió el 3 de diciembre del 2024, cuando su hijo de tan solo 2 años se encontraba en su casa y salió a jugar y, en un descuido, corrió y fue atropellado por su tío y, a pesar de que ellos rápidamente lo llevaron al hospital, murió debido a las lesiones.
“Fiscalía dice que no se detuvo ni tanto la combi ni a él porque no lo encontraron en el acto, nosotros en el momento del accidente no esperamos ni minutos, lo llevamos al hospital y cuando llegamos lo revisaron y nos dijeron que iba sin vida” recordó.
Este martes por la tarde, Ayala Rojas se presentó en las oficinas de la SCT en Valles, donde fue atendida por funcionarios de esa dependencia, pero hasta el momento tampoco le han resuelto nada.
Ante la FGE dijo, se firmó anteriormente un acuerdo de reparación del daño firmado por Artemio Rojas y la empresa aseguradora, pero el convenio de pago no se cumplió, por lo que pidieron cinco días más y posteriormente otro mes que se cumplirá a principios de octubre.
Lo que pide Vanessa Ayala a la FGE es que se judicialice la carpeta, porque la etapa conciliatoria no se cumplió por la parte acusada, sin embargo, la dependencia no le ha tomado en cuenta su voluntad.
Cree que la falta de acceso a la justicia se debe en gran parte a que ellos son habitantes de una comunidad tének.
“Yo sé que estos procesos son largos, pero tampoco me parece justo y es una falta de respeto el que me traigan vuelta y vuelta, el que me digan ‘vente este día’ y, ‘al otro día’ y no se presentan, o no le enviaron el citatorio, o el licenciado no está porque anda de vacaciones”, finalizó.
