Por Ismael González/Zunoticia

Ciudad Valles, S.L.P.– La intervención no solo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sino también de organismos internacionales, del Congreso Nacional Indígena y demás agrupaciones de pueblos originarios del país, está solicitando la CIOAC ante el desalojo de la comunidad de La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, realizado por la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal el pasado martes, en agravio de pobladores tének y náhuatl, hecho que derivó en la detención de seis personas.

Pedro González Gómez, dirigente estatal de la CIOAC, expresó que el Gobierno Federal, a través de la SEDATU, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación, “tenía pleno conocimiento del riesgo inminente de despojo y de las amenazas del supuesto propietario”, acción que, afirmó, es el resultado de la dilación del sector agrario para formalizar la representación jurídica de las familias y de la inacción de los cuerpos de gobernación para frenar una orden judicial que “violó los compromisos establecidos en las mesas de diálogo”.

Respecto al predio de La Peña, cuya superficie oscila entre las 165 y 200 hectáreas, señaló que era una propiedad privada, pero que los antiguos dueños la abandonaron tras dejarla en garantía de créditos bancarios incobrables, por lo que fue ocupada y trabajada por quienes eran los peones y trabajadores del lugar.

González Gómez expresó que se ha mantenido en comunicación con organizaciones de pueblos originarios de diversas partes del país, desde Chiapas hasta Guerrero, así como con el Congreso Nacional Indígena, con el fin de solicitar respaldo en favor de las 100 familias tének y náhuatl desalojadas.

“No se trata nada más de un predio o de la tierra; se trata de los derechos de los pueblos originarios. Hay convenios firmados por México ante organismos internacionales, así como disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en la Constitución de la República, en favor de los derechos de los grupos indígenas”, expresó.

“No es lo mismo que un indígena vaya e invada un predio, a que una comunidad indígena náhuatl o tének, con 35 años de posesión, vea cómo cualquier mestizo pisotea su dignidad y sus derechos. Vamos, desde mañana mismo, a procesar las denuncias que tengan que hacerse. La dignidad de las comunidades de los pueblos originarios no está fragmentada; nos pisotearon, pero no nos rompieron, no nos doblegaron. Vamos a continuar en la lucha legal, en el terreno que corresponde”, finalizó Pedro González.