Pero la lucha aún no termina, se requiere un instrumento jurídico que garantice su aplicación afectada y permanente

Marcos Sánchez Francisco/Zunoticia

XILITLA, S.L.P.- El anuncio de la Presidenta de la República sobre la no aplicación de la técnica de fracturación hidráulica (Fracking) en la cuenca Tampico-Misantla, que comprende parte de la Huasteca Potosina, fue considerado por la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) como un avance importante derivado de años de resistencia social, sin embargo, advirtió que todavía se requiere un instrumento jurídico que garantice su aplicación afectiva y permanente.

La organización señaló que el anuncio representa un avance parcial frente a las demandas planteadas por comunidades y sectores sociales de la región, por lo que ahora se espera que la decisión se traduzca en un decreto con sustento jurídico que permita garantizar la protección del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos y colectivos de la población, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas.

La CAAHP sostuvo que la lucha no concluirá con el anuncio presidencial, pues uno de los principales objetivos continua siendo lograr que el fracking sea prohibido constitucionalmente en todo el territorio nacional.

En este sentido, hizo un llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para acelerar el análisis y dictamen de la iniciativa de reforma al Artículo 27, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de noviembre de 2025, cuyo contenido retoma una propuesta presentada durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La organización puntualizó que la exigencia social va más allá de impedir únicamente la aplicación del fracking, pues busca evitar cualquier método de extracción de petróleo y gas, así como infraestructura asociada que pueda representar afectaciones para el medio ambiente, el agua, el territorio y los derechos humanos.

De acuerdo con la organización, las asambleas comunitarias continuarán hasta alcanzar la totalidad de las 367 comunidades ubicadas dentro de los polígonos considerados de afectación.

Hasta el momento, 15 municipios se han pronunciado en rechazo al fracking y a favor de no autorizar cambios de uso de suelo relacionados con esta actividad, faltando únicamente San Vicente y Tampacán.