• ”Una autoridad no puede decidir por todos”, cuestionan amparo que afectó recursos indígenas.

Por: Marcos Sánchez Francisco/Zunoticia.

Aquismón, S.L.P.- El manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) volvió a generar debate, luego de que autoridades comunitarias de Tampate señalaran que durante el 2025 no se recibió la totalidad del presupuesto programado, debido a los efectos de un amparo promovido el año anterior.

De acuerdo con lo expuesto por Pedro Urbano Merced, el recurso correspondiente al ejercicio fiscal 2025 llegó de manera parcial, ya que únicamente se recibió el 50 por ciento durante la primera ministración, mientras que la segunda entrega no fue liberada debido a los tiempos legales relacionados con el juicio de amparo, mismo que posteriormente fue desistido, aunque fuera de plazo.

Señalaron que, si bien el amparo es una herramienta jurídica válida para la defensa de los derechos de los pueblos originarios, lamentaron que la decisión de promoverlo no fuera consultada con toda la ciudadanía, ni tampoco cuando se acordó desistirse del procedimiento legal.

“Estoy a favor de que llegue la justicia y de que los recursos lleguen completos a las comunidades, pero tampoco estoy de acuerdo en que una sola autoridad decida por todos”.

Indicó que esta situación debe servir como experiencia para evitar afectaciones futuras, ya que los recursos no ejercidos tuvieron que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para 2026, explicó, el panorama es distinto, debido a que ya existe una planeación previa para la aplicación de los recursos, con proyectos definidos que buscan atender necesidades prioritarias de las comunidades. Entre las obras contempladas destaca la construcción de un depósito de agua con capacidad de 100 mil litros.

Asimismo, reconoció que durante este año han surgido numerosas peticiones de transparencia y rendición de cuentas respecto al manejo de los recursos, situación que, señalaron, ha generado tensiones con algunas dependencias.

Expuso que varias comunidades quedaron sin recibir beneficios del programa, por lo que consideraron necesario que los pueblos originarios continúen defendiendo sus derechos y exigiendo claridad en la distribución de los recursos públicos.

Finalmente, reconoció la apertura mostrada por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para permitir que las comunidades participen directamente en la toma de decisiones sobre los recursos, aunque advirtieron que en este segundo año de operación del programa han observado la intervención de diversos actores externos e incluso funcionarios que buscan influir en la administración del presupuesto, situación que consideran debe vigilarse para garantizar la correcta aplicación de los fondos.