Por Enedino Hernández Alonso/Zunoticia
Huejutla, Hidalgo.– La iniciativa de Ley de Paridad de Género debe estar plenamente apegada a la Constitución Política del Estado y a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, señala el profesor José Guadalupe Pérez Ramos, quien advierte que una aplicación incorrecta podría vulnerar el Estado de Derecho.
El académico explica que, si bien la propuesta responde a una realidad social en la entidad, resulta controvertida, ya que tanto la Constitución local como la legislación electoral establecen el principio de equidad de género.
En ese sentido, considera que limitar una elección como la de gobernador exclusivamente a mujeres podría representar una violación al marco legal vigente “si una elección para gobernador fuera exclusivamente para mujeres, se estaría violentando el Estado de Derecho tanto en materia electoral como constitucional”.
José Guadalupe Pérez Ramos, subraya la importancia de que los legisladores y legisladoras del Congreso del Estado realicen un análisis profundo de la iniciativa, no solo enfocado en la gubernatura, sino también en los ayuntamientos, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.
Señala que la reforma debe reflejar una inclusión real y no quedarse únicamente en el discurso, como ejemplo, menciona que actualmente existen ayuntamientos en donde no están representados los pueblos originarios, los jóvenes y otros sectores sociales importantes del estado, por lo que considera necesario que la ley contemple mecanismos efectivos de inclusión.
Asimismo, destaca que en este análisis deben participar los dirigentes de todos los partidos políticos, tanto nacionales como estatales, junto con sus estructuras internas.
Afirma que no se debe asumir automáticamente que todas las propuestas del partido en el gobierno deban aprobarse sin debate “un gobierno de izquierda debe considerar siempre a las minorías, a la opinión pública, a los empresarios y a los intelectuales del estado”.
Finalmente, hace un llamado a los partidos políticos, legisladores, medios de comunicación, periodistas, empresarios y organizaciones sociales oficiales e independientes a participar activamente en el análisis de la reforma, con el objetivo de que se adecue a la realidad electoral y social de Hidalgo.
