2026-04-26 02:22:09
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Ministros intentaban abolir la prisión preventiva oficiosa para delincuentes de “cuello blanco”

Por Salvador Altamirano/Zunoticia

Huejutla, Hgo. – Entrevistado sobre la pretendida reforma al nuevo sistema de justicia penal, en lo que concierne a la prisión preventiva oficiosa, el secretario de la Asociación de Abogados de Huejutla, Oscar Esquivel Vera, manifestó que respecto a esa figura jurídica hay una controversia en la Suprema Corte de la Nación.

Especificó que, ese nuevo concepto de justicia penal consiste en vincular a prisión a un presunto responsable de un delito que antes se consideraba grave, como violación; homicidio calificado; delincuencia organizada; portación de armas y “corrupción”, entre otros.

Agregó que, el nuevo sistema establece que el imputado debe de ser citado a una audiencia inicial, durante la comparecencia el ministerio público debe aportar pruebas, y el presunto responsable se defienda legalmente, pero si son delitos graves el juez de control puede vincularlo en ese momento a la prisión, pueden quedar detenidos.

Enfatizó que, la controversia que existe en la Suprema Corte de la Nación, es que algunos ministros simple y sencillamente querían desaparecer la prisión preventiva oficiosa para los delitos de “corrupción”, cometidos por los llamados delincuentes de “cuello blanco”, pero a la gran mayoría de ciudadanos sí se la aplicarían, lo cual es injusto en toda su dimensión.

Añadió que no obstante el interés de beneficiar a personas adineradas, servidores públicos y delincuentes organizados, el presidente de la Suprema Corte de la Nación consideró injusta la petición, y lo más seguro es que se quede la prisión preventiva oficiosa como lo establece la Constitución Política.

Para finalizar, Vera Esquivel consideró que algunos políticos metieron la mano para privilegiar a los delincuentes de “cuello blanco”, a esos que se han dedicado a saquear las instituciones de gobierno, a vivir del saqueo, pero no consiguieron su cometido, ya que de haberlo aprobado se violarían los principios de igualdad, de justicia y seguridad jurídica que establece la Constitución Política.

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