Por Redacción/Zunoticia

Pachuca de Soto, Hgo.- El diputado local de Morena, Timoteo López Pérez, criticó la actitud politiquera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez y Luis María Aguilar, quienes “Más rápido de lo que canta un gallo” evitaron que se repartieran los libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila, pero se hacen de la “vista gorda” ante los grandes evasores fiscales, como Ricardo Salinas Pliego.

A través de un posicionamiento durante la sesión número 32 de la Diputación Permanente, el legislador morenista dijo que el Ministro Luis María Aguilar lleva ocho meses deteniendo el cobro de más de 25 mil millones de pesos que la compañía Elektra, del magnate Ricardo Salina Pliego, debe a Hacienda, “pero en tres días suspendió la distribución de libros”

“El ciclo escolar ya inició y la Suprema Corte de Justicia de la Nación prefiere seguir con la politiquería, negándole el derecho a los niños de tener sus materiales educativos y pone en riesgo a la educación, pero no toca con el pétalo de una rosa a los evasores fiscales”, apuntó.

López Pérez fustigó la invocación del interés superior de la infancia por parte de jueces del Poder Judicial de la Federación para privar a niñas, niños y jóvenes de los libros de texto gratuitos, insumos imprescindibles para su aprendizaje, al señalar la real defensa del interés superior de la infancia exige asegurar la entrega de los libros en cada aula del país, en tiempo y forma.

Indicó que ayer (lunes 28 de agosto) millones de niños y niñas en el país regresaron a las aulas para continuar o iniciar sus estudios; y que regresan en medio de un contexto diferente por el uso político que se le ha dado a un tema pedagógico, como es el de los libros de texto gratuitos, queriéndolo convertir en instrumento de golpeteo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que ciertamente no se puede cerrar los ojos ante las imperfecciones y limitaciones que puedan tener los materiales elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno de la república; pero lo procedente es que directivos, docentes y educandos hagan las adiciones, correcciones y adecuaciones que sean necesarias, en el entendido de que quienes asisten a las escuelas no son receptores pasivos del conocimiento, sino cocreadores del mismo.

Destacó que el derecho a la educación no significa solamente el derecho a ir a la escuela –que es la institución del Estado mediante la cual se ofrece educación a la población– ya que si así fuera bastaría con que se dispusieran escuelas suficientes para todos. “El derecho a la educación significa tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella y, sobre todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades sociales de la educación”, dijo.

Destacó que en las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación.

Subrayó que, de la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.