• La iglesia Bautista les da alimentos en el Auditorio Municipal y las autoridades buscan acuerdo político social, estando en flagrancia delitos graves denunciados.

Por Moisés Medrano/Zunoticia

Huejutla, Hgo.- Ayer una reunión más entre los involucrados en el desplazamiento de 90 ciudadanos, autoridades delegacionales de Rancho Nuevo y Coamila con pastores religiosos que han mostrado voluntad pero aún no hay acuerdo formal y se mantiene la violación a las garantías individuales que buscan justicia y no un acuerdo político social.

Las denuncias ante la fiscalía de la Procuraduría General de Justicia han estado vigentes, la impunidad ha permeado y no se aprecia un seguimiento legal efectivo.

La Historia reciente

El pasado 26 de abril 2024, alrededor de un centenar de evangélicos pertenecientes a la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión, dejaron sus hogares en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo en Hidalgo.

Los evangélicos se dirigieron a la presidencia municipal de Huejutla, Hidalgo, en busca de ayuda ante la creciente persecución religiosa que están enfrentando.

Actualmente se encuentran refugiados en el Auditorio Municipal, miembros de la comunidad evangélica les están proporcionando agua y alimentos. Su intención es permanecer ahí hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Un mes de acoso y agresiones

La crisis más reciente comenzó el 25 de marzo, cuando el pastor Rogelio Hernández Baltazar y otros dos fieles fueron detenidos en la delegación de Coamila. Después de 48 horas de negociaciones, mediadas por un delegado comunitario, se alcanzó un acuerdo y fueron liberados.

Sin embargo, ignorando el acuerdo firmado, a principios de abril, los residentes de Coamila empezaron a invadir cinco propiedades de evangélicos, destruyendo cultivos, talando árboles y removiendo piedras. Tres casas fueron cercadas, impidiendo a los propietarios acceder a sus viviendas. Los creyentes fueron atacados físicamente en varias ocasiones, incluso con machetes, y casi todas las noches intentaron derribar la puerta de la casa del pastor.

El 25 de abril, los habitantes de Coamila y Rancho Nuevo cortaron el suministro eléctrico de todas las familias evangélicas, saquearon y cercaron el templo, y colocaron guardias en los accesos a la comunidad.

Finalmente, bajo la permanente amenaza e incomunicados, los creyentes no tuvieron otra opción que abandonar sus hogares y tierras.

Intolerancia religiosa desde 2016

Este problema de intolerancia religiosa ha estado presente desde 2016, ya que los residentes no aceptan la presencia de ninguna religión que no sea la tradicional. A pesar de que los creyentes colaboraron en obras de beneficio social, excluyendo las tareas para la iglesia católica, fueron sistemáticamente privados de sus derechos, como el acceso al cementerio, la asistencia de sus hijos a la escuela, el uso de pozos de agua, los beneficios gubernamentales, el derecho de tránsito, el cultivo y la posesión de tierras, además de sufrir múltiples agresiones físicas graves.

(Con información de Evangélicos Digital Internacional)