• La iniciativa busca Incluir al pueblo de México en las decisiones de nombramiento de Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación que serán electos por voto popular. 

Por Moisés Medrano/Zunoticia

Huejutla, Hgo.- Con presencia del diputado federal electo del Distrito 01 en Huejutla Daniel Andrade Zurutuza, Viridiana Fernández y Oscar Abisayd, abogados y representante del Instituto Nacional  de Capacitación Política, la diputada local electa Paloma Barragán, Julián Nochebuena Hernández, el alcalde José Pilar y el legislador local José Noé Bravo Hernández, encabezaron la asamblea informativa sobre la Reforma del Poder Judicial, celebrado ayer en el instituto Tecnológico de Huejutla. 

Con motivo de recoger la opinión ciudadana se realizaron ponencias sobre la reforma al Poder Judicial en la que posterior a esto se realizó el debate y diálogo, aclarando que no se trata un evento exclusivo para abogados, ni de manera técnica para que la sociedad comprenda y participe en la propuesta de iniciativa presentada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador al pleno del Congreso de la Unión, que busca democratizar la posición de la justicia para eliminar privilegios y darle justicia pronta al pueblo de México .

 Se dio el contexto histórico, luego la reforma del Poder Judicial y luego conclusiones por el Instituto Nacional de Capacitación Política que tuvo a efecto de reconocer a toda la estructura de defensa del voto en el pasado proceso electoral pasado, y la tarea de los legisladores de México por aprobar el Plan “C” que comprende 18 reformas constitucionales y dos legales, presentadas a la Cámara de Diputados.     

La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la reforma al Poder Judicial presentada desde el pasado 5 de febrero de 2024, cuya iniciativa, busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), plantea retirar privilegios, modificar sus sueldos, y elegirlos por voto popular y otras medidas aplicables a partir del 1 de septiembre de 2025.

Es obvio que hay “ausencia de una verdadera independencia en las instituciones encargadas de la impartición de justicia” es una de las causas estructurales de la desigualdad económica y social que ha padecido el país. “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”, advierte la iniciativa.

La propuesta reduce el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 11 ministros se propone que el máximo tribunal de justicia se componga de nueve integrantes. Que los ministros no sean designados, sino electos por voto ciudadano. “Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de Distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda”.

Para la elección de los ministros el Senado de la República deberá emitir la convocatoria para la integración del listado de candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda. “El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta diez personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta diez personas por mayoría de seis votos”

Establece las formas de elección de ministros, magistrados y jueces dice la reforma que el primer domingo de junio de 2025 se deberá realizar una elección extraordinaria para renovar, por medio del voto, a todos los ministros de la SCJN, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distritos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los ministros y magistrados se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias, que serán propuestas por los tres Poderes de la Unión: La propuesta señala que en el caso de los 1,633 magistrados de Circuito y jueces de Distritos se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo.

“Los Poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, establece la propuesta de López Obrador.

La iniciativa plantea que será el Senado de la República la instancia que reciba las postulaciones y verifique que se cumplan los requisitos establecidos en la ley para ser ministros y magistrados; después, remitirá la lista al Instituto Nacional Electoral (INE), quien organizará la elección. Además, se establece que las campañas durarán 60 días hábiles y no habrá etapa de precampaña; también señala que no se permitirá el financiamiento público o privado, pues los contendiente tendrán acceso a tiempo de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate organizados por el INE o en aquellos brindado gratuitamente por algún medio de comunicación.

En su propuesta plantea que los ministros no podrán tener un sueldo mayor al del presidente de la República. “La presente iniciativa propone modificar diversos artículos para establecer que las y los Ministros de la SCJN, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, perciban una remuneración que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, dice la propuesta. Otro de los cambios que propone la iniciativa es que los ministros no duren en su cargo 15 sino 12 años. Se plantea eliminar su “derecho a un haber por retiro”.

La propuesta también incluye la eliminación de las dos Salas con las que actualmente cuenta la SCJN, esto permitirá que el pleno sea quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal. Para garantizar el derecho de cualquier persona a la justicia, se propone fijar plazos de hasta seis meses para que un asunto sea resuelto. “En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”, expone.

También la propuesta plantea que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual será sustituido por esos dos nuevos órganos: “La presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución en lo relativo a las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que se propone sustituir con la creación de dos órganos: El de administración judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial”.

El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Estará integrado por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional. “Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros. Sus decisiones serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas”. Los cambios que el presidente López Obrador propone surtirán efecto una vez aprobados por el Legislativo, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los actuales ministros, magistrados, jueces permanecerán en el cargo hasta que sean electos y tomen protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial. “Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados de Circuito, las juezas y jueces de Distrito, las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre”.