• LA REALIZACIÓN de las jornadas por la paz en el municipio de San Felipe Orizatlán realizadas este viernes, sin duda ha sido la que más sin sabores ha dejado, pero también la que ha permitido atender problemáticas importantes, incluso a nivel interestatal, ya que el propio Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, dio a conocer que se logró un acuerdo con el estado de San Luis Potosí para atender delitos que se han incrementado en esta zona, como son la extorsión y el abigeato.

• Es importante resaltar la disposición del Gobierno Estatal, primero para reconocer que existe el problema y segundo para atenderlo más allá de sus fronteras trabajando en coordinación con el estado de San Luis Potosí de manera particular, sobre todo por el intercambio que existe de ganado entre ambas zonas y para lo cual se invitó a la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

• Pero el objetivo principal de estas mesas es que se le dé la oportunidad a la ciudadanía de que pueda expresarse y dar a conocer problemáticas que vienen arrastrando y que no han sido atendidas por funcionarios municipales y estatales, como fue el caso de familiares del joven desaparecido quienes iniciaron una denuncia que sacudió al propio alcalde, ya que reveló que se le ha negado información importante sobre el último paradero de su hijo por parte de sus propios compañeros del Ayuntamiento.

• La salida del alcalde fue afirmar que desconocía esta situación y que habría de dar vista a la contraloría interna para que se investigue y si se tiene que despedir al responsable que sea retirado del cargo, algo que no dejó ni convencida, ni satisfecha a la desconsolada madre.

• Mientras que una delegada de una colonia de San Felipe acudió para pedir protección al Secretario de Gobierno ya que afirma fue demandada por un vecino que defiende la propiedad de un terreno en donde las autoridades de la colonia y la presidencia municipal pretenden construir una casa de salud, interviniendo el propio alcalde para asegurar que el vecino que reclama la propiedad no cuenta con los documentos necesarios y que se está apoyando a la delegada.

• Ante esto fue el propio Procurador de Justicia quien resaltó que mientras no exista un dictamen de un juez, el vecino tiene todo el derecho de demandar y no se le puede dar información sobre dicho expediente ni a la delegada, ni al alcalde, ya que se tiene que deslindar responsabilidades en las acusaciones realizadas por el afectado.

• Esto dejó al descubierto que existe una injerencia directa del alcalde sobre este asunto, a pesar de tratarse de un tema entre vecinos que debería ser resuelto de manera interna, sin la presión de la propia autoridad municipal.