• Por ejercer su derecho, temen se desate un problema social en el municipio.

Por Karen Rivera/Zunoticia

Huautla, Hgo.– Los 24 trabajadores recientemente reinstalados en el Ayuntamiento de Huautla, a través de su asesor legal, solicitaron públicamente el cese de la violencia y hostilidad en su contra, luego de ser señalados, tras solicitar se les indemnice como es su derecho, como responsables de la falta de ejecución de obras en el municipio; además, informaron haber promovido un juicio de amparo para impugnar la negativa al registro de su sindicato.

Lo que originalmente sería una rueda de prensa a petición de parte, se transformó en una petición formal por parte de los trabajadores reinstalados, encabezados por Ofelia Osorio Cruz, Teodoro Torres Hernández, Rosalino Cárdenas Martínez y Leonardo Bautista Velasco, entre otros. Varios de ellos solicitaron el anonimato por temor a represalias, pues aseguran que dos de sus compañeros han sufrido intentos de robo en sus domicilios y han sido víctimas de actos hostiles en sus comunidades por los anuncios públicos de abonos a los laudos cuando solo el 15% se les ha entregado.

• Hostigamiento y amenazas tras su reinstalación

El asesor legal de los trabajadores, licenciado Jorge Luis Henkel Butanda, explicó que desde el 9 de enero de 2017, durante la administración de Felipe Juárez Ramírez, se promovió el juicio laboral 20/2017 ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, sin embargo, denunció que el municipio ha retrasado históricamente el proceso, lo que ha derivado en las tensiones actuales.

Tras su reinstalación en la administración actual, declaraciones del presidente municipal, Jorge Alberto Hernández Cortés, aseguró que los trabajadores habían recibido entre seis y siete millones de pesos, generaron inquietud y provocaron visitas sospechosas a los domicilios de varios de ellos.

Ante estos hechos, se solicitó la apertura de una carpeta de investigación, bajo el número NUC 12/2024/14065, radicada en la Unidad de Investigación Diversos I, a cargo de la licenciada Verónica Araceli Montes Monroy; hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

• Juicio de amparo y solicitud de medidas de protección

Como respuesta, se promovió el juicio de amparo indirecto 1631/2024, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito XXIX en Pachuca, mediante el cual se solicitan medidas de protección por violencia en contra de los trabajadores.

El amparo está dirigido contra el presidente municipal Jorge Alberto Hernández Cortés y el presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, licenciado Óscar Escamilla Oropeza.

Henkel Butanda subrayó que los trabajadores están siendo injustamente señalados como responsables de la inactividad en obras públicas, cuando su única exigencia ha sido que se respeten sus derechos laborales.

“Lo que buscamos es que el Ayuntamiento no sea generador de violencia en las comunidades donde residen los trabajadores, ya que podría derivar en un problema social”, advirtió.

• Incumplimiento de responsabilidades legales

El abogado recordó que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en su artículo 53, establece que los ayuntamientos deben prever y liquidar los laudos laborales al término de cada administración.

A pesar de ello, señaló que el Ayuntamiento no ha cumplido con dicha disposición, a pesar de haber elaborado ya el presupuesto de egresos para 2025.

“El problema no es del actual presidente, sino del municipio como institución, que ha venido arrastrando esta deuda histórica que ahora tiene consecuencias legales y sociales visibles”, puntualizó Henkel.

• Negativa al registro sindical y nuevo juicio de amparo

Otro punto señalado por el asesor legal fue la negativa del Tribunal de Arbitraje para registrar el sindicato que los trabajadores promovieron, a pesar de contar con resoluciones judiciales que acreditan su condición como trabajadores de base del Ayuntamiento.

Esta negativa obligó a interponer un nuevo juicio de amparo indirecto con número 1257/2025, también radicado en el Juzgado Penal del Distrito XXIX en Pachuca.

Henkel aclaró que, aunque los trabajadores no están sindicalizados, su condición de base les otorga derecho a organizarse y buscar condiciones estables de trabajo.

Mientras tanto, acusó al municipio de seguir obligando a los trabajadores a realizar labores sin dotarlos del equipo necesario, a pesar de contar con partidas presupuestales específicas para dichos fines.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con un sindicato activo de 11 trabajadores, pero los 24 reinstalados —que representan la mayoría— buscan formar uno propio para preservar sus derechos laborales.