- Continúan sin contar con una Ley Orgánica Municipal aprobada.
Por Karen Rivera / Zunoticia
Huautla, Hgo.– El Licenciado en Derecho Venancio Pérez Sánchez señaló que, pese a los múltiples intentos realizados en diferentes administraciones municipales, Huautla continúa sin contar con una Ley Orgánica Municipal aprobada, lo que genera incertidumbre sobre el sustento legal con el que actualmente opera el ayuntamiento.
Pérez Sánchez explicó que, aunque no exista dicha ley, el municipio está obligado a emitir a través del Cabildo dos documentos fundamentales: “El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal” y “El Reglamento Interior del Ayuntamiento”, instrumentos que deben normar el funcionamiento interno del gobierno local.
Recordó que ambos reglamentos fueron trabajados durante la administración encabezada por Felipe Juárez Ramírez, cuando él ocupaba el cargo de Oficial Mayor.
“Ahí la propuesta fue cuando su servidor estuvo como Oficial Mayor, se trabajó en esos dos documentos rectores para la administración pública municipal; sin embargo, ya estando en manos de los regidores no se aprobaron y hoy creo que estamos en la misma situación”, mencionó.
El profesionista subrayó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que los regidores hayan retomado o sesionado para tratar este tema.
“Los regidores no han propuesto, ni siquiera han sesionado para ese tema por lo que estamos viendo, y si es que ya sesionaron, desconozco si aprobaron los reglamentos para el ejercicio de la administración pública municipal”, apuntó.
Ante la pregunta sobre la importancia de aprobar estos documentos, explicó que su función principal es “normar las actuaciones de los servidores públicos en beneficio de los habitantes”, garantizando el respeto a sus derechos humanos.
Añadió que los reglamentos permitirían establecer sanciones y lineamientos claros para la administración, siempre que la Asamblea Municipal los proponga y apruebe.
Pérez Sánchez advirtió que la ausencia de estos instrumentos puede derivar en actos de corrupción y en la imposibilidad de aplicar multas o sanciones con sustento legal.
“Al final de cuentas, el ayuntamiento tiene una responsabilidad, porque entonces se estaría actuando menoscabando el derecho. Permitiríamos la corrupción en el municipio, porque todo documento normativo debe estar basado en el derecho. Si se tuviera que cobrar alguna multa o sanción, no tendríamos sustento, y hacerlo sería incurrir en corrupción”, concluyó.
