• NUEVAMENTE la alcaldesa de Yahualica, Francisca Lara, recurre a los recursos legales para tener que “defenderse” de su propio pueblo, quienes tienen que tomar medidas extremas para poder presionar y recibir una respuesta a sus demandas de un servicio tan básico como lo es el abastecimiento de agua, entre otras necesidades que tienen, como el camino de acceso que no existe y que ha sido un problema para poder trasladar a los enfermos.
• Esta situación no solo es desafortunada, sino también vergonzosa, pero, sobre todo, contradictoria y hasta una burla a la misma ciudadanía, que la alcaldesa esté denunciando a los habitantes de Crisolco por ingresar a la presidencia y causar desmanes, cuando su hija y su yerno, junto con otros funcionarios, hicieron lo mismo hace apenas unos días y hasta la fecha no ha tomado acciones al respecto.
• La hija sigue fungiendo como directora del SMDIF y su yerno como “asesor”, ¿dónde queda entonces el predicar con el ejemplo? es claro que en Yahualica la ley se aplica para todos, menos para los familiares de la alcaldesa, en un claro ejemplo de nepotismo e impunidad, algo que debería ser revisado por la Contraloría General del Estado e incluso por el propio Congreso del Estado.
• En Yahualica desafortunadamente predomina la anarquía, con una alcaldesa emanada del pueblo, que fue votada por el pueblo, que tuvo la confianza del pueblo y que hoy ese mismo pueblo paga las consecuencias de haber apoyado a una figura sin la preparación, sin el conocimiento y, sobre todo, sin el sentido de servicio y honestidad que pregona la 4T.
• Se ha llenado la boca de decir que existe una campaña negra en su contra y acusa de misóginos a quienes le señalan su incompetencia y esto mismo es respaldado por el exdirigente estatal de Morena, Abraham Mendoza Zenteno, quien insiste en defender a quien fuera su candidata.
• QUIEN PARECE haberle encontrado el modo a la recaudación de impuestos es el alcalde de SAN FELIPE ORIZATLÁN, Dr. Carlos César Pérez Escamilla, pues en las últimas semanas diversos negocios del municipio han sido clausurados por supuestas irregularidades en el pago de impuestos municipales, licencias de funcionamiento o por no cumplir con los protocolos de Protección Civil.
• A decir de comerciantes afectados, las clausuras se han realizado de forma sorpresiva, sin previo aviso o posibilidad de regularización previa, lo que ha generado un profundo malestar entre los locatarios.
• Según versiones, las multas impuestas rondan los diez mil pesos, además de exigirles ponerse al corriente en pagos de agua y predial.
• Aunque no se discute la obligación de estar al día con los pagos, lo que ha causado inconformidad es la manera en que se están aplicando las sanciones. “No está mal que se cobren impuestos, lo que está mal es que lleguen sin avisar, como si fuera una cacería”, expresó uno de los afectados.
• La situación ha generado inquietud más allá del sector comercial.
• Ciudadanos comienzan a expresar su descontento, por lo que perciben como un gobierno que ha dejado atrás la sensibilidad que prometió al inicio de su administración.
• Incluso se menciona que estas acciones podrían afectar seriamente cualquier intento de continuidad del proyecto político de Pérez Escamilla.
• Entre rumores de pasillo y malestar creciente, lo cierto es que la llamada “Nueva Era” empieza a ser cuestionada, no solo por comerciantes con sellos en sus cortinas, sino por una ciudadanía que siente cada vez más lejos al gobierno municipal.
