• LAS CAPACITACIONES para los integrantes de la asamblea municipal van caminando de manera discreta, y se celebran de manera formal para que quienes sean parte de la asamblea municipal, contralores municipales síndicos, regidores, puedan tener la capacidad de entender las tareas asignadas en pro de coadyuvar con las mejoras en los municipios.
• El mandato popular que se les dio a los asambleístas los define entorno a la manera propositiva de defender y considerar las mejores opiniones que le sirvan en las propuestas de desarrollo de los municipios.
• Una vez electos los regidores ya no son de algún partido político, le pertenecen a la sociedad, se rentaron para ejercer un trabajo a favor del pueblo no de los intereses partidistas, mucho menos de los intereses particulares o individuales o de grupo.
• Lo anterior debe quedar muy claro porque ya vimos lo que sucede por ejemplo en canales donde un próximo funcionario asegura que habrán de apoyar a aquellos líderes y comunidades que los apoyaron en la elección y no a los que no fueron en respaldo del proyecto ganador, esto deja mal parado al funcionario, primero porque si no hubiera una competencia o una elección no hubiera una legitimidad, es decir, la oposición legítima permite que en el conteo de votos exista un ganador, si no hubiera oposición no hubiera legitimidad y eso implica a que reflexionen y analicen que la competencia electoral en sí genera legitimidad política y la representación compartida es para todos.
• El otro punto sin duda es la capacitación a los próximos funcionarios públicos.
• Este es un paso secundario que tiene que darse primero para que la función pública esté capacitada para entregar resultados al interior del ayuntamiento, y al exterior a los ciudadanos; porqué lo decimos así, primero porque luego llegan a ejercer una función pública pretendiendo aparecer como novedad y no entienden los trámites internos que se deben hacer para solicitar o gestionar cualquier requerimiento interno, entre cada dirección o secretaría de Gobierno municipal.
• Lo otro es que todo mundo que ande campaña quiere trabajo, está buscando ser considerado para entrar apadrinado para no hacer nada y poder cobrar una nómina; esos tiempos se terminaron, deberán saber que hoy hay una rigurosa ley que revisa la función pública, que propone titulares o perfiles profesionales de cada dependencia o dirección y además exige rendición de cuentas de cada una de las áreas, conocer que el gobierno tiene sus propias normas internas y externas y que implica que la función pública quedar bien con el jefe inmediato al interior, pero también al exterior con los ciudadanos que buscan ser atendidos, ¿demasiada exigencia para algunos?.
• LUEGO DE conocer que en el gobierno de Hidalgo se presentó la Academia profesional para los funcionarios de la transformación, tiene un alto significado en el ejercicio de la función pública cumplir con la obligación de rendir cuentas y darle a la sociedad respuesta de que el cargo que ocupa, cumple con los estándares para coadyuvar con el gasto público que se hace en el personal humano que se usa para representar un área del gobierno.
• La exigencia de los ciudadanos es alta, cada vez las demandas históricas siguen ahí puntuales y aún cuando se está cumpliendo ya con el seguimiento de atender estas necesidades siguen muchos reclamos vigentes buscando respuestas de los niveles de gobierno.
• Los gobiernos municipales no pueden, son ajenos al gobierno Estatal mucho menos al Federal, esa coordinación obliga a respuestas puntuales, cada quien con sus lineamientos de responsabilidad, pero obligados a responder y a defender las necesidades de los ciudadanos para encontrar la causa que les permita a la sociedad ir teniendo respuestas a las demandas ciudadanas.
• Cada vez la ley de la función pública se vuelve más rigurosa y en estado y municipios y federación cualquiera que devenga un salario proveniente del recurso público federal Estatal municipal deberá cumplir con perfiles y normativa, de otra forma al no haberse cumplido los objetivos que estipula esta normativa cualquier ciudadano puede demandar fraude en la función pública y de esta manera daño a ese patrimonio del municipio, lo que pudiera traer consecuencias importantes al funcionario señalado, de ahí la alta responsabilidad que tienen de entender que la oportunidad que les da al pueblo está explícita en la ley y los ciudadanos cada vez más politizados para reclamar derechos.
