Por Enedino Hernández Alonso/Zunoticia

Huejutla, Hgo. – Con diversas actividades realizadas en esta semana, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo recordaron el 8 de septiembre los 31 años de la tortura y ejecución extrajudicial de Rolando y Atanasio Hernández, aniversario luctuoso que enarbolan junto con el asesinato político de Nicolás Hernández cometido el 18 de agosto de 1995, por lo que la principal exigencia que se tiene sigue siendo de justicia.

El representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la Huasteca, Matías Flores, expone que por este motivo realizaron manifestaciones en diversos puntos de la Huasteca, así como la entrega de volantes.

En el documento, establecen que ese crimen cruel y vil de parte del Estado en lugar de calmar el descontento popular, marcó un hito en la historia de los pueblos y comunidades, porque los campesinos desposeídos se volcaron con más determinación en la recuperación de tierra de manera organizada.

Ante el arrojo de los campesinos en la lucha por la tierra la represión gubernamental no cesó, esta se agudizó aún más mediante los cuerpos policíaco militares y paramilitares, con agresiones de diversas formas; es así que, el 18 de agosto de 1995, de nueva cuenta el Estado se ensaña contra el pueblo en lucha con el crimen cometido contra Nicolás Hernández, quien después de muerto su cuerpo fue vejado por parte de los cuerpos policíacos al ser arrastrado por todo el pueblo.

Exponen que el caso de Atanasio y Rolando fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que emitió una recomendación para el Estado mexicano, entre los responsables son Miguel Ángel Yunes Linares quien fungía como Secretario de Gobierno y Patricio Chirinos Calero gobernador del estado de Veracruz.

Lo ocurrido en el año 94 y 95 es reflejo de la política represiva y odio de clase de los gobiernos en turno implementada contra los pueblos en lucha y, con mayor saña, contra los que se organizaron para recuperar la tierra y su libertad. 

Considera que las instancias procuradoras de justicia fungen como instrumentos de protección a los criminales de Estado, en ese sentido tanto la suprema corte como las fiscalías y juzgados obedecen las necesidades del capital.